Cada 9 de mayo Europa invita a recordar su origen y a preguntarse qué se ha construido desde entonces. En la Comunitat Valenciana, una parte de la respuesta tiene forma concreta: una red de institutos tecnológicos que durante décadas ha actuado como infraestructura de innovación para un tejido productivo compuesto fundamentalmente de pymes y micropymes. Distintos sectores con arraigo territorial sostienen empleo y vertebran comarcas enteras. Pero la mayoría de esas empresas no dispone de grandes departamentos internos de I+D+i. Y los cambios tecnológicos que ya están reconfigurando sus mercados no esperan. En una economía así, la innovación no puede depender solo de unas pocas empresas tractoras ni de centros de excelencia con conexión limitada al tejido productivo real. Necesita instituciones intermedias que garanticen proximidad, capilaridad y transferencia efectiva.
Esa es la razón de ser de los institutos tecnológicos valencianos, y la justificación de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT) como red que los articula. En 2001, la Generalitat Valenciana y los propios institutos impulsaron su creación, no para fundar nuevos centros, sino para conectar y multiplicar la capacidad de los que ya existían. REDIT no es una suma de centros: es una infraestructura intermedia entre ciencia, empresa y política pública, un ejemplo muy europeo de innovación asociativa aplicada. En la práctica, la red ayuda a las pymes a desarrollar productos, mejorar procesos, incorporar tecnologías digitales, reducir impactos ambientales o adaptarse a normativas cada vez más exigentes. Cuando una empresa valenciana puede ensayar, certificar, innovar o participar en un proyecto de I+D+i gracias a un instituto tecnológico, la integración europea se convierte en competitividad real.
Los datos acompañan esta lectura, aunque con matices. El Regional Innovation Scoreboard 2025 de la Comisión Europea sitúa por primera vez a la Comunitat Valenciana en la categoría de «innovador fuerte», lo que es una buena noticia, aunque frágil. España en su conjunto sigue siendo un «innovador moderado», por debajo de la media europea, y estudios del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas recuerdan que el esfuerzo en I+D+i y activos intangibles continúa por detrás del de las economías más avanzadas. El avance es real, pero la distancia también. Lo que esos números no siempre captan es el papel de las instituciones intermedias que hacen posible que la innovación llegue allí donde el mercado, por sí solo, no alcanza.
Esta dimensión tiene una lectura europea directa. Durante décadas, la política de cohesión ha ayudado a incorporar y consolidar derechos, reducir brechas territoriales, modernizar infraestructuras y reforzar capacidades productivas. Pero en el siglo XXI esa cohesión no puede entenderse únicamente como carreteras o inversiones físicas: debe ser también cohesión tecnológica. Un territorio queda atrás no solo cuando carece de autopistas, sino cuando sus empresas no logran acceder a la digitalización, la transición verde o las cadenas de valor más avanzadas. En regiones de pymes como la valenciana, innovar es también una forma de cohesionar. Las estrategias de especialización inteligente apuntan en esa dirección, y los institutos tecnológicos valencianos han dado contenido real a esa lógica, actuando como traductores bidireccionales: de Europa al lenguaje cotidiano de las empresas, y del territorio hacia los espacios donde se deciden programas, prioridades y presupuestos. Es un papel discreto pero estructural, sin el cual muchas políticas europeas quedarían atrapadas entre las buenas intenciones y la realidad productiva.
Ese modelo, sin embargo, no se sostiene solo: necesita financiación, continuidad y una política europea que entienda el valor de las capacidades territoriales. Hoy confluyen varias transiciones simultáneas: verde, digital, geopolítica y productiva, y mientras la atención pública se concentra en las crisis más visibles, se negocia en paralelo el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE. Esa negociación es menos vistosa que una cumbre energética o un acuerdo de defensa, pero es la que decide el futuro de la política de cohesión y del desarrollo regional durante la próxima década. Para la Comunitat Valenciana, el debate no es solo cuánto se financia, sino qué Europa se financia: una cohesión reducida a grandes infraestructuras, o una que incorpore genuinamente la dimensión tecnológica, productiva e industrial de los territorios. En ese debate, los ecosistemas de innovación territorial no deberían quedar relegados a una nota a pie de página, porque son la infraestructura que permite que la cohesión tenga también una dimensión tecnológica y productiva, y que los fondos europeos se traduzcan en empresas más innovadoras, empleo más cualificado y territorios menos vulnerables.
En 2026, España cumple cuarenta años de pertenencia a la Unión Europea. La pregunta relevante no es solo cuánto ha cambiado el país desde entonces, sino qué Europa queremos seguir construyendo desde nuestros territorios y sociedades. La competitividad que merece la pena defender no se construye con salarios bajos ni con recortes de derechos, sino con más innovación, mejor empleo y mayor capacidad productiva sostenible e inclusiva. Para eso necesitamos más Europa, y mejor. Y esa Europa que llega a tiempo se parece mucho a lo que hacen, cada día y sin ruido, los institutos tecnológicos valencianos y REDIT.